La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo públicas estas cifras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a falta de horas para que se cierre el plazo para que las autonomías presenten sus facturas.

Destacó que 14 gobiernos autonómicos se han adherido a este mecanismo. Los que no lo han hecho son País Vasco, Navarra y Galicia. Sobre estas tres autonomías, Sáenz de Santamaría explicó que las dos primeras no lo han hecho por la peculiaridad de su sistema fiscal y que Galicia rechazó utilizar dicho mecanismo por considerar que no era necesario, ya que asegura que “está al día”.

De la cuantía total del plan, 10.000 millones irán a grandes empresas, unos 6.400 a pymes y 227 millones a personas físicas. Estos cerca de 17.000 millones que recibirán los proveedores de las comunidades autónomas se suman a los más de 9.000 recibidos por los más de 106.000 proveedores de los ayuntamientos.

En el caso de los ayuntamientos, el Gobierno ha aprobado un plazo adicional para repescar a aquellos consistorios que no pudieron acogerse al plan por no presentar planes de viabilidad adecuados.

Este nuevo plazo vence el próximo 15 de junio. Hacienda deberá evaluar esos nuevos planes antes del 5 de julio con el objetivo de que puedan cobrarse las facturas pendientes a lo largo de ese mismo mes.