Así lo expone el supervisor en su Informe Anual 2011, donde señala además que las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ayudarán a la “profesionalización de la oferta de viviendas en alquiler”.

Entre las iniciativas propuestas el Banco de España destaca que reduce de cinco a tres años el plazo de protección de los inquilinos, y se permite la actualización de la renta de acuerdo con la voluntad de las partes, frente a la obligación actual de ligarlo con el IPC.

Además, se incluyen medidas procesales para agilizar el desahucio de los morosos, y de tipo fiscal, dirigidas a favorecer la constitución de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) y la compraventa de inmuebles urbanos en 2012.

Desde el Banco de España alertaron de que pese a que el sector de la vivienda ha experimentado un “drástico proceso” de ajuste en estos últimos años, éste no ha ido acompañado de “cambios fundamentales en algunos de los factores que contribuyeron al boom previo”.

Por ejemplo, comentaron que el tratamiento fiscal de la adquisición de vivienda, tras la reintroducción de la desgravación fiscal, “sigue siendo muy favorable” a la compra.

DEMANDA DÉBIL

Respecto al mercado de compra de vivienda, el Banco de España afirma que “no se espera una clara recuperación” en 2012, “dado el deterioro de la renta de los hogares y la persistencia de condiciones de financiación estrictas”.

Por todo ello, “es previsible que se observe un ajuste adicional a la baja de la inversión residencial en el presente ejercicio”.

El supervisor insiste en que de cara al futuro inmediato, en un entorno económico de bajo crecimiento y de mantenimiento de condiciones financieras “estrictas”, cabe prever que la demanda residencial “continúe débil” y que se produzcan “descensos adicionales en el precio de la vivienda”.

Además, la absorción del stock de viviendas sin vender se realizará de forma “lenta”, lo que retrasará la recuperación de la inversión residencial.

A su vez, el proceso de consolidación fiscal ejercerá influencias restrictivas adicionales sobre el segmento de construcción no residencial, que “sigue sujeto a un severo proceso de ajuste”.