En un comunicado, Gestha recordó que el sorteo repartirá 700 millones de euros en premios y que sólo están gravados los dos primeros premios, de 200.000 y 75.000 euros por décimo, respectivamente, por lo que quienes reciban el tercer premio percibirán los 25.000 euros íntegros.

También recordó que aquellas personas que compartan un premio superior a los 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda la parte correspondiente a su participación, aunque ésta sea inferior a esa cifra, ya que el gravamen se exige sobre la cuantía que supere los 40.000 euros del décimo premiado, siendo indiferente en cuanto esté participado.

En cualquier caso, los técnicos señalaron que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que les genere el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Así, no les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí hay que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo.

Por otro lado, desde Gestha resaltaron que este año, por primera vez, podrán investigar los “premios sospechosos”, cuando entre en vigor la ley de prevención del fraude fiscal que se tramita en el Congreso, que permitirá a la Agencia Tributaria “conocer inmediatamente” los premios pagados con o sin retención, identificar al ganador, las fechas del sorteo o apuesta y del pago del premio, entre otros datos relevantes.

Asimismo, el sindicato de técnicos alertó de que las fundaciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro acumulan el 98,2% de los 714 millones en premios obtenidos por las personas jurídicas desde 2017. Por ello, reclaman a la Agencia Tributaria que les permita abrir las investigaciones tributarias y de blanqueo de capitales a las entidades jurídicas, así como a las personas que ganaron grandes premios en distintos sorteos, antes de que prescriba la posibilidad de investigar los fraudes que podrían haberse cometido.

En este sentido, Gestha destacó como “un primer paso decisivo”, el hecho de que la ley de prevención del fraude de julio de 2021 haya establecido una disposición legal para que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE informen mensualmente a la Agencia Tributaria de los premios pagados e identifique al perceptor y a su representante legal, la fecha de celebración del sorteo o apuesta, la fecha de pago del premio y la forma de pago.

Según los técnicos de Hacienda, el impacto de esta medida disuasoria ha sido “muy importante”, ya que hasta octubre de 2021 las entidades jurídicas habrían ganado 3,8 millones en premios de Loterías de más de 40.000 euros cada uno, cifra muy alejada de los 340 millones logrados con grandes premios en el mismo periodo de 2020.