Así lo acordaron las dos partes en una reunión mantenida por una representación del Cermi con la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, en la que examinaron el impacto de la nueva regulación en la atención sanitaria a la discapacidad.

Por su parte, el Cermi expuso ante el Ministerio los aspectos problemáticos del real decreto-ley y la "necesidad" de que en el desarrollo reglamentario, que tiene que culminar el Gobierno en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, "se corrija cualquier retroceso para las personas con discapacidad".

El primer borrador del decreto que Sanidad promoverá y trasladará al Cermi para consultas es el de la regulación de condición de asegurado y beneficiario del Sistema Nacional de Salud. En esta materia, el Cermi ha exigido que se mantenga el actual estatuto legal que garantiza la atención sanitaria a todas las personas con discapacidad oficialmente reconocidas como tales.

Además, el carácter y actualización de la prestación ortoprotésica, la situación de los enfermos crónicos en relación con la prestación farmacéutica, el transporte sanitario no urgente, o la prestación sociosanitaria, serán objeto de otros desarrollos posteriores, que también serán consultados con el Cermi.