Las preguntas, firmadas por la diputada Concep Cañadell, parte de que los test de antígenos se están vendiendo a un precio mucho mayor en España que en otros países europeos, y con criterios mucho más restrictivos, justo cuando muchos ciudadanos están haciéndoselos en sus casas. Así, repitiendo la fórmula “toda vez que…” para justificar sus preguntas, formula tres referidas al consumo de test.

La primera, si el Gobierno “prevé fijar un precio máximo de venta” de los citados test; la segunda, si prevé proporcionarlos a los ciudadanos “de forma regular” y “en coordinación con las comunidades autónomas”; y la tercera, si “piensa autorizar que los supermercados puedan vender test de antígenos” y, en caso afirmativo, si lo harían “en coordinación con la red de farmacias”.

Además, el PDeCat también pregunta por la producción de estos test en España. Por un lado, si el Gobierno solucionará el “atasco administrativo” que impide que muchas empresas españolas hayan podido optar a la certificación para producir test de autodiagnóstico, y, por otro, si introducirá un “proceso acelerado de aprobación y puesta en el mercado” de estos test.