Puso de manifiesto la situación en la que se encuentran las más de 30 familias de personas con discapacidad vecinas de Alcalá que no disponen de plazas públicas en dicha localidad.

Explicó que la residencia, situada en la calle Alejo Carpentier, fue construida en suelo de propiedad municipal, por un importe público de más de tres millones de euros, y con un coste previsto para cada familia de 2.200 euros para la plaza de residencia y 900 euros para cada plaza de centro de día, al haber sido cedida la gestión a una empresa privada que a partir del sexto año tendría que pagar un canon al citado Ayuntamiento de 12.000 euros.

Asimismo, solicitó al Gobierno regional que adopte las medidas necesarias para garantizar, junto al Ayuntamiento, el derecho de las personas con discapacidad de Alcalá a recibir una atención y recursos adecuados así como a disponer de una plaza pública en dicha residencia, en base al compromiso adoptado por ambas administraciones con la ciudadanía alcalaína hace más de cinco años.

“No entendemos que la residencia, habiendo sido un compromiso electoral por parte del alcalde de Alcalá y del Gobierno regional para atender la demanda de muchas familias complutenses, construida en suelo municipal y con dinero público contando con el apoyo de la Consejería de Asuntos Sociales que desde el año 2006, no se haya terminado y se haya cedido su gestión a una empresa privada no estableciéndose reserva de plazas públicas para las familias de Alcalá”, manifestó.