El Ministro de Industria, Energía y Turismo anunció ayer que el próximo 26 de junio tendrá lugar la próxima subasta eléctrica, cuyo resultado influye alrededor del 50% sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), y otro 50% a los peajes eléctricos.

La cantidad que se subastará, según indicó el departamento de José Manuel Soria, corresponde al tercer trimestre del año y ascenderá a 5.036 megavatios (MW) de carga base y a 575 MW de carga punta, energía que será adquirida por las cinco empresas capacitadas para suministrar la Tur: Gas Natural Fenosa, Iberdrola, HC-Naturgas, Endesa y E.ON.

La última subasta tuvo lugar el pasado 21 de marzo y se cerró con una bajada del 7%, aunque la Tarifa de Último Recurso (TUR) subió un 7% para incluir el incremento de peajes de más del 22% que establecía el auto del Tribunal Supremo que obligaba a que el déficit máximo de 1.500 millones en 2011 se cubriese en la orden de peajes de abril.

De esta forma, la subasta previsiblemente coincidirá con la reforma energética que culmina el Gobierno, prevista de anuncio a finales de mes, con el objetivo de hacer frente a los 24.000 millones de déficit eléctrico.

El secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, advirtió ayer del “gravísimo” problema de déficit, al que este año podrían sumarse 4.000 millones más, aunque el tope legal permitido para 2012 fija que no se puede superar los 1.500 millones de agujero este año, y que en 2013 deberá desaparecer.

El Gobierno estaría barajando la posibilidad de establecer una notable subida de la tasa por distribución que cobra a las eléctricas, desde los 0,50 euros por kilovatio actuales hasta cerca de los 5 euros, así como otras medidas en busca de mayor competitividad en los mercados sin que éstas afecten, en principio, a los consumidores.

Por su parte, la patronal de las eléctricas, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), calificó ayer la posible tasa a la generación como “incongruente y discriminatoria”, y advirtió de que podría reducir las inversiones, y que un nuevo recorte dejaría la actividad con un beneficio “prácticamente cero”.