El instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha recibido esta semana un nuevo informe elaborado por la Policía Nacional y en el que se respaldan los indicios hallados contra Pamies y Ballesteros, según explicaron a Servimedia fuentes jurídicas. De forma paralela, la Guardia Civil ha elaborado otro informe, que presentará al magistrado en los próximos días, y en el que también se apunta a la responsabilidad de los dos imputados en el 'chivatazo'.

Ruz solicitó el pasado mes de marzo a la Unidad Central Especial de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil que analizase varios de los aspectos más controvertidos de la investigación. El magistrado solicitó en concreto a la Guardia Civil que elaborase un informe sobre las posibles contradicciones entre el acta de vigilancia policial, la grabación del exterior del bar 'Faisán' y las declaraciones del dueño del establecimiento y presunto enlace del aparato de extorsión de ETA Joseba Elosua.

Esta diligencia fue solicitada por varias de las partes ante las sospechas sobre el equipo investigador que ha actuado hasta el momento, liderado por el comisario de la Policía Nacional Carlos Germán, quien fue precisamente el jefe del operativo contra el aparato de extorsión de ETA en el momento del chivatazo. Los informes elaborados desestiman estas sospechas.

Las nuevas investigaciones policiales no hacen en cambio referencia al tercer imputado, el ex director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo, aunque tampoco le exculpan. El antiguo mando así como Pamies y Ballesteros siguen imputados en la causa por delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos.

NUEVAS COMPROBACIONES

Ruz solicitó asimismo a la Benemérita un informe “sobre el procedimiento de identificación de posibles llamadas sospechosas efectuadas por el equipo investigador” y “si el mismo ha sido limitado a comunicaciones telefónicas mantenidas entre funcionarios policiales”.

También encargó un informe pericial sobre la posibilidad de que en el chivatazo se utilizase un teléfono vía satélite. Solicitó, en este sentido, que las compañías de telefonía satelital –Iridium, Thuraya e Inmarsat- le informasen sobre las llamadas entrantes y salientes que se pudieron producir en la zona de Irún en la mañana en la que tuvo lugar el chivatazo.

Pidió, por último, a la División de Gestión Económica de la Dirección General de la Policía para que “certifique íntegramente” si el imputado Ballesteros se encontraba efectivamente en comisión de servicios en Irún el 4 de mayo de 2006, tal y como alega el inspector.

El magistrado tomó estas decisiones después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocase por unanimidad el pasado 21 de septiembre de 2011 el procesamiento dictado contra los tres mandos policiales acusados en el 'caso Faisán' y decidiese devolver la causa al instructor para que amplíe la investigación.