En el informe, la Comisión señala que, en general, los planes presentados por España son “relevantes” pero añade que “en algunas áreas no son suficientemente ambiciosos para lograr los objetivos establecidos”.

Así, considera que es necesaria una “mayor consolidación y disciplina fiscal” a nivel regional para recuperar la confianza del mercado y para frenar el “rápido crecimiento” de la deuda pública.

También critica que la estructura fiscal no es eficiente y añade que aún hay margen para hacer que el sistema tributario sea más compatible con el crecimiento de la economía. En este sentido, aboga por reducir los impuestos que gravan el empleo (como las cotizaciones sociales) a cambio de incrementar las tasas al consumo, principalmente el IVA.

Sobre el sector bancario, la Comisión asegura que sigue siendo “frágil” debido a los elevados niveles de endeudamiento privado y empresarial; y alerta sobe los “bajos niveles de competencia” que hay en sectores “protegidos” como los servicios profesionales o el comercio.