Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, presididos por Juan Saavedra, han desestimado el recurso presentado por Izquierda Unida, Asociación Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) y la asociación Attac contra el archivo de la querella, decretado el pasado mes de diciembre por la Audiencia Nacional.

Este tribunal concluyó que “los hechos reflejados en la querella no son constitutivos de delito”. El Supremo confirma ahora esta decisión en un auto hecho público este moércoles y en el que señala que “no se aprecia la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos” para poder recurrir y recuerda que en el marco de la querella “no se había producido una imputación judicial contra persona concreta”.

La querella, interpuesta en febrero de 2011, acusaba a los responsables en España de las tres agencias de haber cometido delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y de uso de información privilegiada por emitir opiniones “altamente subjetivas y de escaso rigor técnico” para manipular “deliberadamente los ranking de deuda soberana y descontrolar los mercados en lugar”, causando con ello un gran daño “a las arcas públicas españolas, a los contribuyentes y a los ahorradores españoles”.

“Estas empresas modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos”, señalaba el escrito de querella.

REGISTROS DE LAS SEDES

Los querellantes pedían a la Audiencia Nacional que citase a declarar como imputados a los máximos responsables en España de las tres agencias y que se ordenase la entrada y registro en sus sedes para recabar su documentación contable así como sus comunicaciones internas.

También querían que los juzgados requiriesen a Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s una lista de todos sus contratos y sus clientes y de todos los informes, avisos y comunicados de prensa emitidos sobre la calificación de riesgo de la deuda española.

Los querellantes aseguraban que estas agencias, mediante “la alteración en el precio de los productos financieros y deuda estatal”, obtienen unos beneficios de 3.000 millones de euros anuales.