Álvarez de Toledo asegura haber recibido los documentos el pasado 30 de diciembre “a las diez y media de la noche” y cuelga en la red social el contenido íntegro del escrito que le remite Guillermo Mariscal como secretario general del Grupo Parlamentario Popular.

La documentación va precedida por una carta en la que Mariscal le informa que “examinado por el Instructor designado tu escrito de alegaciones y valoradas las pruebas aportadas en relación con el expediente sancionador” por haber roto la disciplina de voto en la votación sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, se resuelve “sancionarte con una multa de 500 euros” de acuerdo con los estatutos del grupo.

"Te informo que esta resolución tiene posibilidad de recurso según lo establecido en el artículo 33 de los vigentes Estatutos, para lo que dispones de siete días naturales. De no presentarse dicho recurso en este plazo la resolución será considerada firme y deberás hacer efectiva la sanción en la cuenta y con el concepto abajo indicados”, sigue la misiva.

El secretario general del Grupo Popular indica a Álvarez de Toledo que deberá hacer el ingreso bajo el concepto “aportación extraordinaria” y le ruega que una vez hecha la transferencia le envía “justificante”. Y se despide con “un abrazo”.

La diputada por Barcelona mantiene una relación tensa con la dirección que se ha exacerbado con la publicación de su libro, ‘Políticamente indeseable’, donde se explaya en críticas contra los principales dirigentes de la formación. A su presidente, Pablo Casado, lo tilda de “bienqueda” y al secretario general, Teodoro García Egea, lo retrata como un “déspota” que dirige el partido con mano de hierro y criterio “testosterónico”.

Aunque en un primer momento, la diputada del PP no se dio por enterada de la apertura del expediente, ahora el Grupo Parlamentario le remite el documento del expediente que se ha instruido en su contra. El hecho de que la decisión se le remita desde el Grupo y no desde la dirección del partido, evidencia la voluntad de mantener al margen de este conflicto a la dirección del PP.

BRONCA

En la bronca Álvarez de Toledo llegó a decir, en plena refriega por la presidencia del PP madrileño, que Génova estaba investigando a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para después “filtrar material incriminatorio” que la desacreditara.

El expediente incoado por el Grupo Popular señala que la diputada ha reconocido haber roto la disciplina de voto en la votación y que en su escrito de descargo “en ningún caso niega ni aporta pruebas contradictorias frente al hecho objetivo de que cometió una infracción tipificada en los Estatutos del Grupo Parlamentario Popular, de obligado cumplimiento para todos los diputados”.

El documento insiste en que la sanción no “vulnera los procedimientos legales”, ni “incumple los Estatutos del Grupo”, ni “socava la autonomía del diputado” o “frustra la regeneración democrática e impugna el ideario del Partido Popular” como sostiene la diputada por Barcelona.

Señala el Grupo Popular que Álvarez de Toledo “reconoce la realidad de los hechos base de la infracción , y lo hace dentro del plazo de 10 días en un extenso escrito de descargo en el que trata de justificar por qué se apartó de la línea política del resto del Grupo y concluye que quienes han incurrido en el tipo de la infracción son los 87 diputados que votaron en sintonía con la línea política marcada”.

Y añade que "sancionarme sería tanto como sancionar la defensa de los principios y la coherencia ideológica del Partido Popular". Ante este argumento, el informe indica que “llama poderosamente la atención el hecho de que la señora Álvarez de Toledo reclame ahora una coherencia ideológica que en pasado no reclamó”.

Especifica en este punto que como “diputada en la X Legislatura, en la sesión plenaria celebrada el 17 de julio de 2012 se votó la propuesta de nombramiento de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional -que ahora se han renovado- , y en ningún momento la entonces diputada, señora Álvarez de Toledo, mostró criterio distinto a la línea política marcada por la Dirección del Grupo. Como tampoco mostró su disconformidad cuando en el Pleno de 26 de noviembre de 2013, se procedió a la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas”.

Añade que, “en clara contradicción con sus propios actos”, la diputada reconoció en declaraciones a El Mundo que había votado en blanco, siendo “éste último punto a lo que ha de ceñirse este expediente y su propuesta de resolución”.

Por tanto se le impone la sanción al haber sido “claramente reconocida en varias ocasiones que (…) se ha incurrido en la acción que tipifica el artículo 30.2 c ), que dice textualmente que ‘los diputados, miembros del Grupo Parlamentario en el Congreso, incurrirán en falta grave en los siguientes supuestos : no respetar la línea política marcada por la dirección de Grupo en las votaciones en Pleno, Comisión o Ponencia’" .