Así se manifestó el presidente de esta asociación, Jesús Torres, en declaraciones a Servimedia, quien avisó del “volumen” de trabajo que puede suponer para los departamentos de recursos humanos la transformación de los contratos, debido a la desaparición del contrato por obra y servicio o la reducción de los temporales.

Por ello, Torres pidió que la administración sea “flexible” y no adquiera en un primer momento una actitud “agresiva y sancionadora”, sino que “se ayude a las empresas a llegar a buen puerto de una forma razonable”.

En este sentido, planteó la necesidad de que se retrase el incremento de las cotizaciones que se aplicarán a los contratos temporales de menor duración, al tiempo que defendió que se mantenga la dimensión nacional en la prioridad aplicativa de los convenios colectivos sectoriales en lo que al ámbito salarial se refiere.

A su juicio, si en el trámite parlamentario se modificara esta cuestión para priorizar los convenios sectoriales autonómicos, en las empresas que operan en diferentes comunidades se “producirá una brecha salarial entre trabajadores de la misma compañía”.

No obstante, el presidente de la AEDRH celebró que, salvo en el salario, siga prevaleciendo el convenio de las empresas, garantizando “la flexibilidad interna”. Además, valoró la nueva regulación de los ERTE, con medidas que permitirán a las compañías afrontar en mejor situación las situaciones de crisis económica.

Más allá de estas cuestiones, Torres sostuvo que se trata de “una reforma de menor calado que la anunciada por el Gobierno”, lo que ve “positivo”, ya que solo introduce “retoques” a la reforma de 2012. En su opinión, el Ejecutivo ha adoptado esta decisión final para que se pueda alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social y para que la Unión Europea acepte la nueva normativa.

“En definitiva, hacemos una valoración moderadamente positiva porque no ha sido tan agresiva y es asumible, aunque nos genera las dudas de la transitoriedad”, concluyó Torres.