Así lo expresó tras reunirse este viernes en Oviedo con el diputado de IU en el Congreso de los Diputados por Asturias, Gaspar Llamazares, y el representarte del Grupo Parlamentario de IU en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Miguel Fernández Romero.

Durante el encuentro, el Cermi asturiano trasladó su oposición ante los recortes anunciados por parte del Gobierno español y ante sus repercusiones en el sector de la discapacidad en Asturias.

"El 50% de la población de personas con discapacidad son pobres, por lo que necesitamos estabilidad para seguir prestando atención y servicios en todos los ámbitos a las personas con discapacidad y a sus familias", señaló el comité. "A día de hoy no han sido convocadas las subvenciones que nos permiten subsistir", añadió.

Por su parte, Gaspar Llamazares aseguró su "deseo e interés" de mantener un diálogo "permanente" con el Cermi Asturias a lo largo de la legislatura, que permita "estar informados, en todo momento, de las reivindicaciones y necesidades del sector de la discapacidad, para así ser trasladadas al Congreso de los Diputados".

Según recalcó, desde su fuerza política, se "incidirá en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de discapacidad y, en especial, en la Convención de la ONU, ya que se ha visto incumplida con la excusa de la crisis, unido, además, a la paralización de la actividad política de la Administración del Principado de Asturias, que ha afectado al sector de la discapacidad".

Además, afirmó que se impulsará la creación y puesta en marcha de la denominada Ley del Tercer Sector, anunciada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que se recoja en ella los planteamientos del movimiento asociativo y se asegure un trato digno a las personas con discapacidad. "No se trata de garantizar un estado de bienestar social, sino de justicia social y de derechos reconocidos", indicó.

Por último, el Cermi asturiano destacó que la crisis "no debe ser la excusa para detener las políticas activas de la Administración porque al final los perjudicados somos los sectores más débiles, ya que vemos cómo se restringen nuestros derechos y la administración debe cumplir sus obligaciones legales". "Sólo con eso tendríamos garantizada la igualdad y la inclusión de las con discapacidad que hoy está en riesgo", concluyó.