El contenido de este estudio, realizado por el Cermi y promovido y financiado por la Aecid, está recogido en el número 35 del periódico ‘cermi.es semanal’.

Asimismo, estima que la cooperación española dedica un 0,76% de sus fondos bilaterales a programas sobre discapacidad y que estos fondos se reparten de manera dispersa tanto geográfica como sectorialmente.

El estudio destaca el dato global sobre discapacidad en el mundo: Más de mil millones de personas en el mundo viven con discapacidad (el 15% de la población), y de esta cifra, el 80% vive en países pobres, es decir, más de 800 millones de personas, según las últimas aportaciones proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011).

Según explica la autora del estudio, en estos países la discapacidad supone "una exclusión mayor y un riesgo importante", donde las barreras "son mucho mayores" y tener una discapacidad, en muchas ocasiones, "puede suponer hasta la muerte porque hay una gran vulneración de los derechos y una gran discriminación".

Además, continúa, la situación de estos países en vías de desarrollo es tan "precaria" que ni siquiera existen organizaciones de personas con discapacidad ni entidades que las representen.

Para Beatriz Martínez Ríos, es "extraño" que siendo España un país adelantado en temas de legislación para la discapacidad, en lo que se refiere al desarrollo, "está muy atrasado".

En materia de discapacidad, las políticas de ayuda al desarrollo "ya han sido evaluadas y ya sabemos que no sólo se necesitan más fondos, sino que se necesita una planificación estratégica más eficaz y más coherente con la Convención de la ONU y que tenga en cuenta a las organizaciones de personas con discapacidad".

A raíz de la ratificación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad por parte de España, en agosto de 2011 hubo una modificación de la Ley de Cooperación Internacional, por la que se incluye la “necesidad” de que las personas con discapacidad formen parte de las prioridades sectoriales de la cooperación española y, además, que los mecanismos e instrumentos de cooperación sean accesibles e inclusivos para personas con discapacidad.