En declaraciones a Servimedia, el vicepresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez Boga, indicó que "al final ha pasado lo que tenía que pasar".

Pérez Boga apuntó que la Agencia Tributaria nunca debió haber accedido a iniciar un proceso de regularización de estas cuentas y perdonar así la sanción correspondiente. La organización califica estos hechos como una amnistía encubierta "que no debió haberse realizado nunca".

Por ello, el vicepresidente de la organización de inspectores detalló que el "vicio" fue desde el inicio del proceso y no se debió dar "ese trato preferente".

La Audiencia Nacional entiende que la regularización practicada por los denunciados es correcta y anterior a que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de inspección y verificación.

Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que el archivo de la querella contra la familia Botín supone un "trato de favor" por parte de la Agencia Tributaria.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "la denuncia archivada pone de relieve la falta de interés y la calculada incapacidad de la Agencia Tributaria, que dedicó a esta investigación muy pocos efectivos".