Durante la defensa ante el Pleno del Congreso de los Diputados de las cuentas de su departamento para este año, Gallardón justificó el incremento de las tasas judiciales con la disyuntiva de si un servicio como este "debe ser sufragado por todos los contribuyentes o quienes hacen uso de él".

Gallardón apostó por mejorar la operatividad de la Justicia en España con sus actuales recursos públicos, sobre todo si se quiere "superar un modelo donde litigiosidad, burocracia y lentitud confirman un círculo vicioso en perjuicio de los ciudadanos".

El ministro avanzó que piensa "proponer en breve" una reforma legislativa de la Justicia para, junto al recorte del presupuesto para este ejercicio, lograr una "mayor eficacia de los recursos públicos".

Incluso, apuntó que el país necesira transformar el funcionamiento de la Justicia para acabar con fórmulas que parecen propias del siglo XIX y disponer de un sistema modernizado propio del siglo XXI.

MÁS TASAS Y MENOS INVERSIONES

Al repasar las partidas económicas de su Ministerio, Gallardón explicó que la mitad de los 2.500 millones presupuestados van destinados a gastos de personal, incluidas las nóminas de los 5.822 jueces y todos los funcionarios bajo su mando.

Señaló que sólo se prevé la creación de 35 nuevas plazas para personas que ya aprobaron la oposición y recalcó que no se convocarán nuevas pruebas en este ejercicio.

Gallardón garantizó que la cartera de sercicios de Justicia se mantiene "intacta" a pesar de los recortes porque, a cambio, se

incrementan las tasas y las nuevas inversiones se reducen un 46%.

El poco dinero destinado a este fin, explicó, irá a parar a reformas ya comprometidas anteriormente porque "resulta más caro dejar una obra a medias que terminarla" y a programas de modernización para lograr un "buen funcionamiento" del sistema e interconectar el Registro Civil, una "prioridad" de esta legislatura.

Gallardón se definió como un "ferviente partidario" de las nuevas tecnologías y confió en que las inversiones informáticas que se van a realizar permitan "reducir retrasos" en el sistema.

"RECORTES MUY GRAVES"

El diputado del PSOE Julio Villarrubia criticó el Presupuesto del Ministerio de Justicia por contener "recortes muy graves" que se plasman en que la mitad del dinero va destinado a pagar el sueldo de los funcionarios, jueces, fiscales y secretarios judiciales.

Villarrubia recriminó a Gallardón que congele "todo menos su ansiedad" por controlar el sistema judicial y emprender "reformas ultraconservadoras" que definió como "las más graves de la democracia".

A su juicio, se trata de un "un frenazo a la Justicia" en España por el recorte de inversiones y por el intento de "ocupar políticamente" el Consejo General del Poder Judicial con un cambio en el sistema de nombramientos.

Villarrubia indicó que los jueces del CGPJ deben salir de las Cortes Generales porque todos los poderes del Estado "emanan del pueblo español" y porque el Poder Judicial no necesita ser independiente puesto que "no ejerce funciones jurisdiccionales".

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares censuró las cuentas del Ministerio de Justicia al entender que provoca una "involución" hacia un sistema "de dos velocidades o hacia una justicia de la desigualdad", en la que no todos los ciudadanos tendrán acceso al sistema.

Llamazares denunció que el incremento de las tasas judiciales impedirá que muchos españoles acudan a la segunda instancia de la Justicia, especialmente aquellos trabajadores que sean despedidos y comprueben que tienen que pagar más de 600 euros por seguir con el proceso.

Asimismo, acusó al Gobierno del Partido Popular de utilizar "dos varas de medir o la ley del envudo" en la Justicia, con la parte ancha del envudo para los delitos de corrupción o delitos económicos, en los que habitualmente "no existen medidas cautelares" contra los implicados.

La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, replicó al ministro que "tiene su gracia y su aquel" que el Ministerio de Justicia suba las tasas para garantizar la gratuidad del sistema, lo que definió como "decir lo contrario de lo que se practica".

Díez esgrimió que es "imposible" cumplir el presupuesto de Justicia y recriminó a Gallardón que se defina como un enamorado de las nuevas tecnologías a la vez que reduce un 31% la partida para estas mejoras.

El diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre hizo un llamamiento a Gallardón para buscar un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat con el fin de que reciba los depósitos que dijo tiene pendientes de la administración central, así como que pueda recibir la transferencia de la modernización tecnológica que se haga en el sistema.