El magistrado ha decidido archivar la investigación al concluir que Botín y su familia han regularizado de forma “correcta y veraz” su situación fiscal. “La regularización practicada por los denunciados se puede considerar correcta y anterior a que se hubiera incoado un procedimiento de inspección o de verificación”, señala Andreu en el auto dictado hoy.

La investigación se inició cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria de una serie de clientes de la entidad bancaria HSBC en Suiza, entre los que se encontraban el presidente del Santander, sus cinco hijos, su hermano Jaime y cinco de sus sobrinos, y que no habrían presentado las liquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 2005 al 2009.

El juez de la Audiencia Nacional deja claro en su resolución que el archivo se produce únicamente porque existe “una causa de exención de la responsabilidad penal” –la regularización de su situación fiscal- que es “ajena al contenido injusto y, probablemente también, de culpabilidad del hecho”. Se trata de una “reparación” del delito fiscal cometido “mediante el pago de las deudas exigibles eludidas”.

DENUNCIA DE LA FISCALÍA

La Fiscalía presentó una denuncia contra la familia Botín ante la Audiencia Nacional a raíz de la información remitida por la Agencia Tributaria. La denuncia ya señalaba que

“en el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces, será de aplicación, en sede de jurisdicción penal, la excusa absolutoria prevista y el archivo de las diligencias incoadas”.

El juez Andreu admitió a trámite la denuncia el pasado mes de junio y designó a dos peritos destinados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria para determinar, en primer lugar, si los denunciados habían regularizado adecuadamente su situación fiscal, algo que, al no hacerlo la Administración, se debía hacer “en el proceso penal, con las garantías y derechos que en el mismo se reconocen”.