JpD sostuvo que Dívar “ha dispuesto del suficiente tiempo, desde que este asunto se iniciara, para dar explicaciones detalladas acerca del destino y concreta aplicación de estos fondos, y no lo ha hecho”.

“Tratándose de servidores públicos”, añade esta asociación, “el parámetro de evaluación no puede ser el ordenamiento jurídico penal, sino un código de conducta más vinculado a la ética pública”.

En opinión de JpD, este código de conducta “se desconoce desde el momento en que, frente a la petición de explicaciones públicas, se opone el mero dato del archivo de unas diligencias de investigación, resultando especialmente lamentable que, pese a la denuncia y a la gravedad de la situación generada, se persista en hurtar a la opinión pública una detallada explicación”.

Por este motivo, esta asociación de jueces exige la “inmediata dimisión” de Dívar. Este colectivo también pide a los vocales del CGPJ que soliciten la dimisión de su presidente, para salvar “el prestigio de la institución”.

Según JpD, el Consejo “es un órgano clave en la arquitectura constitucional” y un medio para hacer frente “a la instrumentalización que la Justicia había venido sufriendo como consecuencia del abuso por parte del Ejecutivo de las atribuciones de gobierno que detentaba sobre la misma a través del Ministerio de Justicia”.