Así lo manifestó la plataforma de la discapacidad en una carta remitida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que explicó que “dado el carácter absolutamente social de la Ley 39/2006, exige con apremio al Gobierno la efectiva protección de las personas beneficiarias de esta ley, es decir, “personas mayores y con discapacidad”.

El movimiento considera que el “Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, es una oportunidad inestimable” para incluir en el mismo previsiones en base reguladora de la jurisdicción social.

La plataforma solicitó al Gobierno, a través de su Ministerio que “promueva esta modificación legal, con prontitud” para “recobrar progresivamente el vigor que siempre debió tener y mantener el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.