Según un comunicado divulgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este real decreto-ley también establece las condiciones para la negociación contractual por parte de estas organizaciones y sus asociaciones, con el objetivo de lograr así “una mayor retribución al sector ganadero y un mejor reparto del valor a lo largo de la cadena alimentaria”.

En este sentido, desde la cartera dirigida por Luis Planas señalaron que estas medidas están dentro del marco de la normativa comunitaria y de la libre competencia en el mercado.

Además, estas mismas fuentes recordaron que forman parte de las recomendaciones de la Comisión Europea, que pedía un desarrollo legislativo para garantizar el reconocimiento de organizaciones de productores en aquellos sectores que aún no cuentan con normativa a este respecto.

Por último, desde el Ministerio señalaron que la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor en 2023, reconocerá el papel “fundamental” de las organizaciones de productores a la hora de trabajar en torno a la concentración de la oferta y la mejora de la comercialización y planificación de la producción, así como en la adaptación de la producción a la demanda, la optimización de los costes de producción y la estabilización de los precios al productor.