La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ya se ha terminado de elaborar el anteproyecto de esta ley, que ahora va a ser remitido a la Agencia de Protección de Datos para su estudio.

Sáenz de Santamaría indicó que se trata de una "ley compleja" que posteriormente tendrá que ser evaluada por el Consejo de Estado, antes de su remisión a las Cortes para debate y aprobación "en el próximo periodo de sesiones", el que transcurre de septiembre a diciembre.

La vicepresidenta reconoció que muchos ciudadanos han solicitado formalmente que la Casa Real esté sometida a la Ley de Transparencia y tenga que informar puntualmente de sus actividades y gastos, pero adujo que el Gobierno ha rechazado esa posibilidad porque la monarquía "no forma parte del conjunto de administraciones públicas".

También alegó que en el caso de Gran Bretaña, donde existe una Ley de Transparencia que se pone como ejemplo en el resto de Europa, la Casa Real tampoco está sometida a la norma.

UN AÑO PARA APLICARSE TOTALMENTE

Sáenz de Santamaría avanzó que la mitad de la Ley de Transparencia, la que se refiere al buen gobierno de altos cargos de las administraciones, entrará en vigor "el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado".

En cambio, la parte referente a la transparencia tardará "un año" en entrar en vigor porque es el tiempo que el Ejecutivo necesita para crear un único Portal de Transparencia donde atender todas las consultas de los ciudadanos. Por lo tanto, no estará listo aproximadamente hasta finales de 2013.

El anteproyecto de la Ley de Transparencia se ha elaborado con 3.669 aportaciones realizadas a través de Internet por los ciudadanos y otras 14 remitidas de manera escrita. En total, la web habilitada para el periodo de consulta pública ha recibido "más de 78.000 visitas".

Sáenz de Santamaría avanzó que la ley incluirá a los colegios profesionales y a los adjudicatarios de contratos, por lo que tendrán que someterse a las obligaciones de transparencia como las instituciones públicas.

Junto al rechazo a que la Casa Real esté sometida a la Ley de Transparencia, la vicepresidenta indicó que también se ha denegado la petición de muchos ciudadanos para que el silencio administrativo se considere positivo.

Al poder afectar a la seguridad del Estado o a información confidencial sobre empresas, Sáenz de Santamaría adujo que se ha preferido mantener el "silencio negativo" para evitar un "perjuicio a intereses públicos o de terceros".

SANCIONES Y MENOS LEYES

La vicepresidenta desveló también que la aplicación de la Ley de Transparencia estará controlada por una agencia de calidad que verá reforzada su independencia mediante el nombramiento de un presidente con el mismo procedimiento que requieren otros órganos supervisores.

En cuanto al código de buen gobierno, recordó que los altos cargos podrán ser cesados o sancionados por el Consejo de Ministros (si tienen rango de ministro o de secretario de Estado) o por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (si son otros altos cargos). Además, podrán ser inhabilitados mediante procedimiento judicial.

Finalmente, Sáenz de Santamaría anunció la creación de un área específica dependiente de la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Cortes que a partir de ahora elaborará un "Plan de Simplificación Normativa" para reducir el número de leyes que existen en España y mejorar las actuales.

Este equipo se encargará de revisar toda la normativa cada vez que se tramite una ley para aprovechar el procedimiento con el fin de hacer modificaciones que simplifiquen la legislación existente.