Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidieron el pasado mes de febrero extraditar al reclamado, Alejandro Iglesias, pero impusieron como condición que Venezuela se comprometiera a su vez a entregar a los reclamados por la justicia española. El órgano jurídico dio un plazo de 60 días a Venezuela para que garantizara la aplicación del principio de reciprocidad.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, presididos por Fernando García Nicolás, han decidido ahora dar por cerrado el proceso de extradición ante la falta de respuesta de las autoridades venezolanas.

“Dada la falta de cualquier respuesta por parte de las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela y que se estima ya transcurrido el plazo concedido para la prestación de la garantía, no procede la extradición”, señala el auto dictado por la Audiencia Nacional.

Además de archivar el proceso de extradición, los magistrados han decidido levantar la medida de prisión provisional que pesaba sobre Iglesias. Aun así, el acusado no ha quedado en libertad, ya que la Fiscalía le ha denunciado para que sea juzgado en España y el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado su ingreso en prisión.

Iglesias, nacido en Venezuela pero de nacionalidad española desde 1998, fue detenido en septiembre de 2011 en cumplimiento de una orden internacional de detención cursada por las autoridades venezolanas por el presunto homicidio de su pareja.

El etarra Arturo Cubillas, funcionario del Gobierno de Hugo Chávez, está reclamado por la Audiencia Nacional acusado de delitos de tenencia de explosivos, colaboración con banda armada (por las FARC), conspiración para cometer homicidios terroristas e integración en organización terrorista en grado de dirigente.

Se le atribuyen estos delitos por dar presuntamente cobertura y apoyo logístico a los miembros de la banda terrorista que supuestamente se desplazan al país sudamericano para recibir adiestramiento militar y por la colaboración entre ETA y las FARC.