“No me consta que en estos tres años se haya producido alguna irregularidad”, dijo en un desayuno informativo con periodistas al ser preguntada por las diligencias abiertas por la Fiscalía para determinar si Divar cargó a las cuentas del CGPJ gastos de viajes particulares.

A pesar de estas afirmaciones, Bravo quiso dejar claro que ella ni fiscaliza ni controla los gastos de los vocales. La portavoz indicó que desde el Consejo se prefiera mantener una posición “cauta y prudente” y guardar silencio hasta que la Fiscalía General del Estado determine si el comportamiento de Dívar es constitutivo o no de un delito de malversación de fondos públicos.

“El Consejo siempre ha pedido respeto para las decisiones judiciales a los ámbitos políticos y sociales, es evidente que en este caso tenemos que ser respetuosos con la Fiscalía, no voy adelantar escenarios”, señaló.

Bravo dijo además que es “obvio” que la denuncia contra Dívar “preocupa al Consejo” ya que “afecta a su imagen” y aseguró que el actual CGPJ ha apostado por el máximo rigor en los gastos y por aplicar criterios de austeridad.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía General del Estado, a través del teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, investiga si el presidente del Tribunal Supremo malversó cerca de 13.000 euros en un total de 20 viajes, supuestamente de carácter privado, a Marbella (Málaga).

La investigación fue abierta tras la denuncia presentada contra Dívar por el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez.

Martín Casallo, una vez analice la denuncia y la documentación, tiene dos opciones. Por un lado, puede decretar el archivo de las diligencias. Por otro, si determina que hay indicios de actividad irregular, la Fiscalía General puede remitir la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que sea este organismo el que impulse un hipotético proceso penal contra Dívar en el seno del Alto Tribunal.