En un comunicado, Facua subrayó que “el Gobierno pretende fomentar el alquiler igual que el empleo: facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones”.

Así, indicaron que los inquilinos “ya no podrán tener la tranquilidad” de que sus contratos de alquiler de vivienda puedan extenderse hasta un mínimo de cinco años, como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, sino sólo tres.

Además, las prórrogas en estos contratos se verán reducidas de los tres años fijados en dicha norma a nada más que uno.

Se trata, denunció la organización de un “nuevo recorte de derechos para los usuarios en beneficio de los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para arrendar los inmuebles a un precio más alto”.

Desde Facua criticaron también que el IPC ya no sea el índice de referencia para actualizar la renta cada año de vigencia del contrato.