"Amnistía Internacional no cuestiona el derecho de las autoridades españolas a actuar con arreglo a la ley para imponer tales restricciones, pero debe garantizarse que dichas restricciones son necesarias y proporcionadas, que se protege la libertad de expresión y de manifestación pacífica y que en ningún caso se hace un uso excesivo de la fuerza”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

AI sostiene que tanto la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una “manifestación pacífica” puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros.

Además, agrega que las "Directrices sobre Libertad de Reunión de la OSCE establecen claramente que los organizadores de manifestaciones no serán responsables de los actos de cada participante, y que en el caso de que se produjeran incidentes durante las manifestaciones, son las personas que presuntamente hayan cometido dichas infracciones quienes deberán responder por las mismas y no los organizadores".

Sobre la posible reforma del Código Penal y el derecho de manifestación pacífica, esta organización explica que ha dirigido una carta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mostrando su preocupación por las declaraciones realizadas a los medios de comunicación sobre una posible reforma del Código Penal que, entre otros aspectos, incorporaría la figura de “resistencia pasiva” como atentado contra la autoridad, la imputación de aquellos que convocasen cualquier manifestación que pudiera desencadenar en actos violentos, o la elevación de las penas del delito de atentados contra agentes de la autoridad.

“Nos preocupa que este anuncio sobre una posible reforma del Código Penal, realizado por el Ministro de Interior, se transforme en un intento de limitar derechos tan fundamentales como la libertad de reunión y manifestación pacíficas”, destacó Beltrán.

Asimismo, Amnistía Internacional se ha dirigido al ministro pidiéndole información detallada sobre cualquier proyecto de reforma del Código Penal en el que esté trabajando el Gobierno en estos momentos. La organización también sostiene que cualquier modificación del mismo debe realizarse respetando la legalidad internacional con la que está obligada España.

“En vez de dedicarse a recortar el derecho a manifestarse pacíficamente, el Gobierno debería garantizar que abusos contra manifestantes documentados durante el año pasado sean debidamente investigados, que se inicien actuaciones penales contra los agentes que hubieran hecho uso excesivo de la fuerza, y que actos similares no se repitan nunca mas”, resaltó Esteban Beltrán.