Aquel documento del Partido Popular aseguraba que, si Rajoy llegaba a La Moncloa, promovería "un gran pacto con el objetivo de iniciar un proceso de reformas encaminadas a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas, delimitar con precisión el marco competencial de las distintas administraciones, recuperar el valor normativo de la Constitución y el pleno respeto a las leyes".

Fuentes gubernamentales aseguraron a Servimedia que Rajoy tiene asumido que en estos momentos es "prácticamente imposible" un acuerdo de semejantes características con el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que prefiere realizar la redefinición de competencias a través de pequeñas modificaciones legales que irán acometiéndose paulatinamente durante la legislatura.

"La reordenación de competencias no es una reforma en sí misma, es el principio inspirador que va a marcar la pauta de las reformas que aprobará el Gobierno en los próximos años", añade una fuente cercana al presidente del Gobierno.

Rajoy ha matizado poco a poco su objetivo de delimitar las competencias del Estado, para evitar solapamientos y duplicidades entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y las corporaciones locales.

Si en 2008 se presentó a las elecciones generales con la ambición de emprender esta reforma a través de una pequeña modificación de la Constitución, en el programa electoral de 2011 reducía su compromiso de cuatro años antes a un gran acuerdo político para "delimitar con precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar las duplicidades de gasto o la demora en la atención de las necesidades de los ciudadanos".

CUESTIÓN DE PRAGMATISMO

Sin embargo, Rajoy también ha renunciado a este objetivo apenas cuatro meses después de asumir el poder. El Gobierno aduce que el único motivo para cambiar de postura en tan poco tiempo es el "pragmatismo", ya que el presidente antepone la utilidad de las reformas al método de aplicarlas.

Las diferencias con el PSOE de Rubalcaba para renovar la cúpula de RTVE, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo parecen haber convencido a Rajoy de que no es posible un acuerdo político en estos momentos, pero a la vez sostiene que esta circunstancia no puede frenar las reformas económicas para salir de la crisis.

Reordenar las competencias de las distintas administraciones siempre ha sido una de las prioridades de Rajoy, quien desde hace años viene avisando que España necesita reducir organismos y delimitar funciones para ahorrar más dinero público y prestar con mayor eficiencia los servicios a los ciudadanos.

Rajoy cree que lo de menos es si la reordenación de las competencias se hace mediante el gran acuerdo que prometía su programa electoral o si se lleva a cabo a través de pequeñas modificaciones legales en cada ámbito de acción. Considera que lo importante es "el resultado final" de esas reformas y no el método de realizar la redefinición de las competencias.

Por eso, ha dado orden a sus ministros de que en cada decreto ley o cada norma que preparan se realice un análisis previo para definir con claridad las funciones de cada administración y acabar con las disfunciones actuales.

Muchos de los cambios se harán a través de los órganos sectoriales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera o de la Comisión Nacional de la Administración Local, al tratarse de dos foros donde están representadas todas las administraciones públicas y donde tienen presencia todos los partidos políticos.

Las fuentes consultadas admitieron a Servimedia que, en lugar de buscar un gran acuerdo nacional para reordenar competencias, se pretende llevar a cabo una nueva delimitación "de manera transversal" y siempre "por la vía de la cooperación y no de la disputa" entre partidos.

REFORMAS "AL ESTILO RAJOY"

El Ejecutivo está convencido de que buscar un gran acuerdo nacional con comunidades autónomas, ayuntamientos y partidos en estos momentos sólo provocaría una mayor tensión política. Por eso, Rajoy renuncia a un pacto de estado que equivaldría a reescribir las competencias "con letras mayúsculas" para hacerlo "con una letra más pequeña".

Aunque pueda parecer una reforma encubierta o por la puerta de atrás de las competencias entre administraciones, el Gobierno asevera que se mantiene la misma idea del programa del Partido Popular en las últimas elecciones generales pero va a aplicarse "al estilo Rajoy", es decir, sin grandes titulares y con menos ruido, tanto político como mediático.

El programa electoral del PP alertaba de que "la descentralización política y administrativa exige abordar con rigor muchos problemas que hasta ahora han sido ignorados". Con la nueva delimitación de competencias, puntualiza a Servimedia un portavoz de La Moncloa, "no se trata de recuperar competencias para el Estado, sino de organizar bien las que hay" repartidas.

Rajoy ya dejó claro antes de las elecciones generales que consideraba "urgente delimitar con precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar duplicidades, derroches de todo tipo y, lo que es aun más grave, descuido o demora en la atención de necesidades básicas de los ciudadanos".

Así quedaba reflejado en su programa electoral, donde el PP llegaba a decir que "es preciso reconducir la prestación de servicios impropios mediante la atribución expresa de competencias y su financiación y, en su caso, su prohibición efectiva y consecuente sanción" si alguna administración se excedía más allá de la cuenta en sus funciones.

Cuatro meses después de llegar a La Moncloa, Rajoy mantiene en la cabeza las ideas que inspiraron estas medidas incluidas literalmente en su programa electoral. Lo único que ha cambiado es el modo en que pretende llevarlas a cabo.

Si los acuerdos sectoriales para redefinir las competencias avanzan a buen ritmo, el Ejecutivo no descarta que a mitad de legislatura pudiera visualizarse la reforma de fondo con un gran acuerdo político de ámbito nacional. Pero ahora está totalmente descartado.