Del Campo hizo estas declaraciones a propósito de la aprobación, en Consejo de Ministros, del Decreto Ley de Medidas Urgentes de Medio Ambiente, que deroga las modificaciones introducidas en agosto del pasado año en el artículo 94 de la Ley de Aguas, en virtud de las cuales se facultaba a las comunidades de Cataluña, Aragón y Andalucía a asumir determinadas competencias sobre las comisarías de agua.

En una nota de prensa, del Campo recordó que con esta determinación se cumplen ya todos los requisitos de legalidad vigente, zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración central en la gestión de las cuencas intercomunitarias.

En su opinión, este paso "decidido" del Gobierno representa una defensa "férrea" de los principios de unidad de gestión y cuenca -reconocidos en la Directiva Marco de Aguas (DMA) y en la Constitución-, garantizando que la coordinación y el reparto de los recursos hídricos se lleve a cabo teniendo en cuenta el interés general y no sobre la base de criterios políticos y localistas. Para del Campo, "esta modificación de la Ley de Aguas no era más que una nueva vía ideologizada para que las autonomías pudieran territorializar la gestión de los ríos amparándose en una argucia jurídica aprobada con agostidad y alevosía y, lo que es más grave, burlando las sentencias del Constitucional y Supremo que anulaban la potestad de Andalucía y Castilla y León sobre los ríos Guadalquivir y Duero, respectivamente".