Los ecologista califican de "atentado a la protección del medio ambiente" las medidas aprobadas por el Gobierno
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Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan el decreto-ley en materia de medio ambiente que el Gobierno aprobó este viernes en Consejo de Ministros, "tanto en la forma como en el contenido". Consideran que "es una burla a la transparencia y participación" y denuncian que supone un retroceso en la protección ambiental de España.
Los ecologistas denuncian que el decreto "incumple la normativa relativa al acceso a la información y participación pública así como las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente", al haberse tramitado "en el más absoluto secretismo, contradiciendo las reiteradas declaraciones del ministro Arias Cañete sobre su voluntad de apertura y diálogo con todas las partes interesadas".
En lo referente al agua, las organizaciones ecologistas consideran que permitir la venta de la misma "sólo incrementará la presión sobre un acuífero ya sobreexplotado. Además, se trata de una medida que ya se ha puesto en práctica en dos ocasiones en el pasado, por diferentes gobiernos, y el resultado siempre ha sido muy negativo".
En materia de residuos, los ecologistas también critican que el decreto "cierra la puerta al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)". Este sistema, explican, al incentivar a los ciudadanos a devolver los envases vacíos de determinadas bebidas, permitiría unas tasas de reciclado de residuos de envases mucho mayores que los actuales, y de paso, el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea.
"Esta nueva barrera a los SDDR, que significa un retroceso de 20 años, también descarta la opción de reutilización requerida por la legislación europea en la Directiva Marco de Residuos. Se renuncia así a reducir los 68 millones de euros que cuesta a las administraciones públicas la incineración y vertido de residuos reciclables, a recuperar los 65 millones de euros de materias primas no recicladas en la actualidad y a los 14.000 puestos de trabajo que crearía un SDDR", señalan.
En cuanto a espacios naturales protegidos, la opinión de las organizaciones ecologistas es que "lo realmente necesario es que se cumpla la normativa existente, ampliamente incumplida por muchas administraciones, en especial las comunidades autónomas. La supuesta simplificación anunciada en cuanto a que sobre un mismo espacio recaigan diferentes figuras de protección es difícilmente viable por cuanto no todos esos espacios tienen el mismo perímetro".
(SERVIMEDIA)
04 Mayo 2012
MAN/gja