Elaborados por AI y por una coalición de 19 ONG, estos informes denuncian el retroceso en los derechos sociales y económicos que a juicio de estas organizaciones se ha producido en España a causa de la crisis y los consiguientes recortes, a la vez que ofrecen recomendaciones contra dicha tendencia.

El motivo de su elaboración es, según explicaron, la comparecencia del Estado español por primera vez en ocho años ante el Comité DESC de la ONU.

Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre las obligaciones contraídas al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por Naciones Unidas en 1966 y ratificado por 160 Estados. El Comité DESC ofrece recomendaciones a los gobiernos, que el Estado debe cumplir antes de su próxima comparecencia.

Los informes de las ONG suponen una visión alternativa a la versión oficial de los países, y en el caso de España alertan de la "desprotección” de estos derechos en el actual contexto de crisis.