El Cermi "rechaza la decisión del Gobierno adoptada en la reciente reforma sanitaria de aplicar a esta prestación del Sistema Nacional de Salud los mismos criterios de copago que para los medicamentos, cuando se trata de prestaciones absolutamente distintas en cuanto a contenido y alcance, y a sus efectos en materia de autonomía e inclusión en la comunidad".

Este comité entiende que en el caso de las personas con discapacidad oficialmente reconocidas, "el tratamiento más equitativo es el de la exención de copago, siendo dispensada sin contraprestación de la persona usuaria cuando haya sido prescrita por los servicios médicos".

Además de por motivos de justicia material para establecer esta exención, el Cermi alega que "no hay motivos económicos estructurales que determinen la aplicación de copago a la prestación ortoprotésica pues su impacto en el gasto total es apenas apreciable, calculándose en menos de un 5%. El eventual ahorro será insignificante, cuando el daño social para las personas con discapacidad en términos de posibilidades de autonomía y vida normalizada alcanzará cotas muy considerables".

Por todo ello, el Cermi reclama al Gobierno que tome la decisión de tramitar el real decreto-ley de reforma sanitaria como proyecto de ley susceptible de recibir enmiendas, de modo que pueda aprobarse un cambio de criterio en el supuesto de personas con discapacidad.