Según explicó la Policía, los hijos ficticios pagaban entre 2.000 y 3.000 euros por encontrar un progenitor de nacionalidad española y regularizar así su situación en nuestro país como familiares de comunitario.

La investigación comenzó a mediados del mes de diciembre de 2011 con la detención de un abogado en ejercicio y trabajador de una ONG en Zaragoza, que había conseguido “reagrupar” a cinco supuestos hijos. Dos 'hijas', a las que había cobrado 2.400 euros, llevaban al ser detenidas su partida de nacimiento original, que nada tenía que ver con la que habían entregado en la Administración.

A partir de estos arrestos, se intensificaron las indagaciones sobre 17 redes que operaban con el mismo 'modus operandi' en las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara y Logroño.

Los autores presentaban las diferentes solicitudes de reagrupación ante las Oficinas de Extranjería correspondientes, donde aportaban documentación falsa en la que se hacían pasar por padres o madres de los solicitantes, extranjeros en situación irregular en España que no podían acceder al permiso de residencia.

Algunos de los casos individuales detectados resultaron especialmente chocantes. Por ejemplo, una mujer consiguió reagrupar a 21 supuestos hijos, nacidos todos en un plazo no superior a cinco años.

Otra supuesta madre había dado a luz a cinco hijos en 1989, y a otros cuatro en 1990, todos de diferentes partos. Un tercer ciudadano nacido en Guinea ecuatorial que llevaba 30 años sin abandonar España, presentó distintas partidas de nacimiento para supuestos descendientes suyos, nacidos entre 1990 y 1991 en su país de origen.

La operación ha culminado con la detención de 30 personas (en su mayoría de nacionalidad guineana) en Aragón, 7 de ellos supuestos progenitores y los otros 23 supuestos hijos. Además, han sido imputadas un total de 142 personas, 10 falsos padres y sus 132 supuestos hijos.