Así lo anunció la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde apuntó también que el Ejecutivo ha decidido reducir el tamaño mínimo de las empresas que deberán sufragar parte del coste por desempleo si despiden a trabajadores con más de 50 años.

Hasta ahora, estas aportaciones las debían de realizar las empresas con más de 500 trabajadores, mientras que a partir de ahora lo tendrán que hacer todas aquellas que tengan más de 100 empleados.

Dentro de las medidas que incorpora este plan contra el fraude, el Gobierno incluye también la modificación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la ampliación de efectivos con 53 nuevos inspectores y 60 nuevos subinspectores, así como la realización de nuevas campañas de inspección donde están identificadas posibles bolsas de fraude.

Bañez apuntó también que se llevará un control y seguimiento del empleo que aflore para evitar que vuelva a la ilegalidad, y se realizará una “vigilancia” ante la percepción indebida de prestaciones públicas.

Para lograr los objetivos, el Gobierno “potenciará la colaboración institucional” y modificará el código penal para ampliar el periodo de prescripción de los delitos contra la Seguridad Social (de 5 a 10 años), exigir el pago de las cuotas defraudadas antes de la exención de la responsabilidad penal y tipificar como delito el empleo simultáneo de varios trabajadores en situación irregular.

También se amplía el periodo previo de investigación de supuestos de fraudes complejos hasta los 18 meses, se extiende el plazo para exigir responsabilidad solidaria a los que incumplan sus obligaciones con la Seguridad Social, y se amplían las sanciones por encima del límite actual de 187.515 euros.

Los objetivos del plan son, según señaló Báñez, impulsar el afloramiento de la economía sumergida, combatir los supuestos de aplicación y obtención indebidas de bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social y aflorar situaciones fraudulentas en el acceso a las prestaciones, especialmente en el caso de empresas ficticias.