El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, Paloma López, han remitido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social un documento de observaciones al plan.

Los responsables sindicales se reunieron con el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, para abordar la propuesta del Gobierno.

Ambas organizaciones consideran que, en general, el planteamiento del Gobierno “no parece corresponderse con la necesidad de perseguir el fraude laboral ni la economía sumergida”.

Así, indicaron que “todo el texto responsabiliza a los trabajadores de las infracciones cometidas, aunque la norma establezca que estas son atribuibles a las personas contratantes o a quienes emplean de manera irregular.

Para CCOO y UGT, este plan “no puede limitarse al control en materia de afiliación y cotización y control de las prestaciones por desempleo”.

En este sentido, consideraron que el plan debe hacer “especial incidencia” en aquellos casos en que se ha comprobado la existencia de fraude, y no poner medidas “excepcionales y desmesuradas” de control sobre los perceptores de prestaciones por desempleo por el mero hecho de serlo.