Acoge considera "un derecho esencial" de cualquier ciudadano el acceso a la sanidad pública, con independencia de su situación administrativa en España y por eso entiende que limitarlo "es una forma de cercenar el derecho a la salud".

Y es que, argumenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el derecho a la salud "consiste no solamente en el acceso a la atención médica, sino también en el acceso a todos los bienes y servicios que son esenciales para una vida saludable o que conducen a ella".

Por eso, prosigue, la aplicación de esta medida restrictiva y "poco eficaz" "supone un relegamiento de las políticas de integración y ciudadanía desarrolladas en los últimos años y, especialmente, del reconocimiento y avance de los derechos sociales de la población inmigrante que se encuentra en este país".

Desde esta perspectiva, Red Acoge vaticina que la iniciativa "abocará a miles de personas, y a sus familias, a la exclusión social".

Es más, sostiene, llevará a la exclusión social no sólo a quienes se encuentren en situación administrativa irregular, sino también "a aquellas personas que, a pesar de contar con una dilatada trayectoria de migración y por tanto de integración en nuestro país, sufren los efectos de la crisis económica y devienen en situación irregular".

Además, añade la agrupación, con esta medida "se estigmatiza a un colectivo y se distingue a la ciudadanía en categorías desiguales, según el acceso a los derechos, lo que redundará en un aumento de la brecha de la desigualdad, del racismo y la intolerancia".