Durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, Soria aseguró que las medidas a tomar como consecuencia de la expropiación “no serán medidas a anunciar, sino que serán medidas que se adopten”.

Soria criticó que algunos miembros del Ejecutivo argentino hayan realizado declaraciones esta semana asegurando que “no se pague ni un sólo euro a los legítimos propietarios” después de la “confiscación” realizada contra la petrolera YPF.

El ministro explicó que como parte de la hoja de ruta a seguir por el Gobierno se encuentran, aparte de la orden ministerial aprobada el pasado viernes que pone límite a las importaciones de biodiésel procedentes de Argentina, las gestiones realizadas para que “desde Mercosur no se le dé una relación de preferencia a Argentina”.

En este sentido, agradeció el apoyo que desde la Unión Europea han mostrado a España y destacó el planteamiento que desde el Gobierno han propuesto a la UE sobre la suspensión de preferencias generalizadas a Argentina.

“Más allá del efecto a muy corto plazo, esto afectará a la credibilidad de Argentina, que es un país que necesita flujo de capital extranjero”, consideró Soria, quien aseguró que el “marco jurídico, la credibilidad y la seguridad jurídica” son tres cuestiones “mucho más débiles” en Argentina tras la decisión adoptada por Gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner.

Asimismo, Soria aclaró que la orden ministerial tardó en ser aprobada para no “dar una excusa” al Gobierno argentino de su “hostilidad” y aseveró que el Gobierno español apoyará “en todo momento” a las empresas, trabajadores y accionistas españoles, porque “es su obligación”.

Sobre el hallazgo de petróleo en Vaca Muerta, Soria aseguró que no parece muy “plausible” que se haya descubiereto el tercer yacimiento del mundo sin que hayan aplicado “muchos medios e inversiones”.

El ministro, que solicitó la comparecencia en la comisión a título propio para explicar las medidas a adoptar tras la expropiación de YPF, explicó que el Gobierno de España mantuvo reuniones desde febrero con las autoridades argentinar parar tratar de frenar la expropiación y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió una carta este mes a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como última maniobra.

APOYO CASI UNÁNIME

Todos los grupos parlamentarios, excepto La Izquierda Plural, mostraron en la comisión su apoyo al Gobierno español en su actuación en el conflicto por la expropiación de YPF.

El portavoz del Grupo Socialista, José Segura, aseguró que si el Gobierno continúa en la “línea que ha estado actuando” le apoyarán, al igual que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que pidió una “defensa de la seguridad jurídica y la legalidad” y mostró su apoyo en defensa de Repsol al Gobierno, quien a su juicio debe movilizar a todas las instancias europeas para evitar la “confiscación” de YPF.

Desde La Izquierda Plural, su portavoz en la comisión, Chesús Yuste, criticó la medida de limitar las importaciones de biodiésel por ser “desproporcionada” y recordó que “Repsol no es una empresa española”, dado que sus accionistas mayoritariamente son de Estados Unidos, a lo que el ministro le respondió recordándole “los miles de accionistas españoles” que forman parte de Repsol.