La LFP señaló en un comunicado que el acuerdo del Ejecutivo "afecta clara y directamente a los contratos en vigor existentes entre los clubes y los operadores audiovisuales" y produce "un importante quebranto económico".

A juicio de la Liga, el decreto "supone un daño irreparable que pudiera vulnerar el artículo 33 de la Constitución Española, por lo que la LFP en defensa de los intereses de los clubes y sociedades deportivas ejercerá las acciones pertinentes y necesarias para su reparación, y para la protección de los derechos que se han visto afectados".

La Liga cree que el hecho de que se haya modificado la ley ratifica que las acciones que ha realizado la LFP, en nombre de sus asociados, "estaban realizándose conforme a derecho y con plena legitimación".

"La LFP consecuentemente y hasta que no se resuelva el conflicto generado por la modificación realizada, no permitirá el acceso a los estadios a las radios que no hayan sido acreditadas por la LFP", agrega la nota.