Las cinco entidades aseguraron en un comunicado que, con los planes hidrológicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -cuyo periodo de consulta pública concluyó este miércoles- se estaría “muy lejos” de cumplir con el objetivo de que los ecosistemas acuáticos se encuentren en buen estado de salud antes de 2027.

Además, recordaron que más del 40% de los ríos, humedales y acuíferos españoles están todavía en mal estado, pese a que ya se han consumido dos terceras partes del tiempo máximo que la Directiva Marco del Agua de la UE otorga para revertir esta situación y alcanzar este objetivo.

Las organizaciones ambientales señalaron que sólo se ha mejorado en reconocer los graves problemas que sufren los ecosistemas acuáticos y acuíferos, y admitieron “ciertos avances” en algunas materias, como incorporar mejor la restauración de los ríos.

Sin embargo, apuntaron que estos planes siguen sin hacer frente a los desencadenantes de la degradación de los ecosistemas acuáticos. “No se va a garantizar que los ríos, humedales y acuíferos españoles puedan adaptarse al cambio climático ni, mucho menos, que sobrevivan a la extrema sobreexplotación”, añadieron.

De igual forma, insistieron en que “era razonable” que muchas infraestructuras dañinas para los ríos, como grandes presas, no entraran en este ciclo de planificación.

“OBRAS OBSOLETAS”

No obstante, recalcaron que los documentos mantienen algunas “obras obsoletas” para la transición ecológica y la protección de las masas de agua, entre ellas el recrecimiento de Yesa (en el Ebro), las balsas de La Rial y de Los Morales (en el Duero) o el recrecimiento del Agrio (en el Guadalquivir).

Aunque Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España dieron la bienvenida a que, por primera vez, tras 12 años de planificación hidrológica, se reconozca la obligatoriedad de fijar un régimen universal de caudales ecológicos, destacaron que los caudales mínimos, en general insuficientes, están lejos de cumplir con los objetivos de la legislación de aguas.

Por otro lado, las organizaciones ecologistas alertaron de que se siguen promoviendo las actividades que más impactan a los ríos, humedales y acuíferos ligadas a la expansión del regadío intensivo en todas sus vertientes, entre ellas nuevas transformaciones, intensificación y ampliación de riegos existentes mediante modernizaciones que no cuentan con una justificación medioambiental, y el uso del agua depurada o la sustitución de bombeos.

De hecho, los planes mantienen presupuestos superiores a los 300 millones de euros para nuevos regadíos en el Duero o cercanos a los 1.000 en el Ebro. A ello debe sumarse una política de modernización de regadíos en el Ebro de cerca de 190.000 hectáreas que no se ajusta a los objetivos de la Directiva Marco del Agua y que incidirá en una mayor presión por extracción sobre las masas de agua, según los ecologistas.

ESPACIOS EMBLEMÁTICOS

Por otra parte, indicaron que la “degradación” de los humedales emblemáticos (Doñana, Mar Menor, Tablas de Daimiel, delta del Ebro o la albufera de Valencia) sigue sin corregirse, pese a la urgencia y gravedad de su situación, pues la falta de planes de actuación para las masas subterráneas en riesgo de los acuíferos que alimentan a varios de ellos impide activar medidas de Estado urgentes para salvarlos.

Según los ecologistas, Doñana languidece por la sobreexplotación y buena parte de las inversiones ‘estrella’ se destina a traer agua de fuera sin controlar previamente el exceso de extracción. El delta del Ebro, con su posible desaparición, sigue sin ver la activación inmediata del aporte de sedimentos. Los objetivos insuficientes de calidad y cantidad de agua para la albufera de Valencia impedirán llegar a 2027. Y las autoridades regionales no admiten medidas que propicien cambios en las políticas agrarias del entorno del Mar Menor y Daimiel causantes de los problemas.

Por último, apuntaron que el periodo de información pública de los planes hidrológica ha concluido sin que se hayan cerrado algunos compromisos con la UE, como la coordinación de los borradores de los reglamentos de los ministerios de Transición Ecológica y Agricultura contra el exceso de contaminación agraria por nitratos, contra la expansión de las macrogranjas, la incorporación de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de la UE sobre el impacto del regadío o la Estrategia de Transición Hidrológica que exige la Ley de Cambio Climático.