De esta forma, la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones quedó definitivamente aprobada por 151 votos a favor, 108 votos en contra y 3 abstenciones, de modo que entrará en vigor antes del 1 de enero de 2022.

Con esta norma, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, Seguridad Social recuerda que esta reforma fue pactada con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el acuerdo social tripartito firmado el 1 de julio de 2021.

REVALORIZACIÓN

En virtud de esta ley, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En 2022, la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas. En el caso de que un año se produzca IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada.

Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, Seguridad Social señala que se mejoran dos aspectos: de un lado, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros incentivos a la jubilación demorada

En el caso de la jubilación demorada, el texto establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda.

Asimismo, se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4%; una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión (que puede llegar a 12.000 euros) y premiando las carreras de cotización más largas, y una combinación de ambas opciones.

‘HUCHA’ DE LAS PENSIONES

Por otro lado, Seguridad Social califica de “mejoras” los cambios incorporados al texto durante la tramitación parlamentaria y pone en valor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

En este sentido, se ha introducido la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como ‘hucha de las pensiones’, mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa (0,5% y el trabajador (0,1%), un aspecto que el Gobierno acordó este otoño solo con los sindicatos, con la oposición de la patronal.

Respecto al fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema, el texto establece que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la primera recomendación del Pacto de Toledo de 2020. Dicha transferencia ya se incluía en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y se amplía en los de 2022.

Por último, la ley contempla la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, entre otros puntos.