Así lo señala el organismo internacional en un documento con las conclusiones preliminares del personal técnico del FMI al término de una visita oficial (o ‘misión’) realizada a España.

El organismo destaca que la economía española “está recuperándose de la profunda recesión causada por la pandemia de Covid” y “las políticas de apoyo han sido oportunas y decisivas, ayudando a proteger empleos, los ingresos de los hogares y los balances de las empresas”. Además, destaca que la campaña de vacunación ha sido “sumamente eficaz”.

No obstante, apunta que la producción permanece por debajo del nivel registrado antes de la pandemia, en parte debido al impacto “persistente” de la crisis en los sectores de contacto personal intensivo y de los ‘cuellos de botella’ en las cadenas de suministro global. Calcula que el impacto acumulado de los fondos europeos en el PIB podría ser de entre 1,5% y 2% a finales de 2022.

Subraya que la política fiscal “debe seguir apoyando la recuperación hasta que ésta se afiance, y debe focalizarse y concentrarse en los más vulnerables”, de manera que “el próximo año la política fiscal debe continuar siendo expansiva en términos generales, de acuerdo con el anteproyecto de presupuestos de las autoridades para 2022”. También apunta que “con el tiempo, España tendrá que reducir la deuda a niveles más prudentes”.

En materia de pensiones, destaca que la revalorización con la inflación “incrementaría el gasto anual en pensiones un 3,5% del PIB de aquí a 2050, comparado con la implementación completa de la legislación anterior” y, aunque cita algunas medidas de compensación del incremento de gasto, sostiene que “preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas requiere esfuerzos adicionales para contrarrestar las presiones del gasto en pensiones, lo cual también ayudaría a dar una señal del compromiso de las autoridades con la responsabilidad fiscal”.

En materia laboral, comenta que “los planes de reforma del mercado laboral de España tienen bien identificadas las prioridades, pero el Gobierno y los agentes sociales aún están debatiendo las políticas específicas”.

Aboga por “hacer los contratos indefinidos más atractivos para las empresas, por ejemplo, reduciendo el coste generado por la incertidumbre jurídica relacionada con el despido de trabajadores indefinidos”.