El informe que ha analizado el Comité recoge vulneraciones individuales de derechos, identificación de legislación o prácticas contrarias a la Convención y propuestas de mejora para evitar que estas discriminaciones sigan produciéndose en un futuro.

El comité, integrado por 21 miembros independientes de distinta procedencia y perfil, está orientado a asegurar la representación pluralista de la sociedad, entre otros, de organizaciones sindicales y empresariales, del poder legislativo, judicial y ejecutivo, de entidades no gubernamentales de derechos humanos, del Defensor del Pueblo, expertos académicos en derechos humanos, fiscales y abogados y representantes de organizaciones de personas con discapacidad y de sus familias entre los que se encuentran expertos en derechos de la mujer y derechos de los niños y niñas, según informa Cermi.

"La inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, tal y como consagra la Convención, es una labor que le corresponde a toda la sociedad. El Comité aporta una visión interdisciplinar de los aspectos analizados que suponen un valor añadido a la labor del Cermi", concluye este Comité.