El juez ha adoptado esta decisión tras la vistilla celebrada después del interrogatorio al acusado. En esa comparecencia, el fiscal ha solicitado como medida cautelar la designación de domicilio para recibir las notificaciones del juzgado.

En su auto, el juez incluye los criterios que justifican la adopción de estas medidas para Albisu en la causa abierta por el asesinato de Gregorio Ordoñez. El magistrado señala las características estructurales y el funcionamiento de la banda terrorista, en la que destaca la función decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión de ETA para que se llegue a realizar una acción terrorista.

El magistrado indica “el relevante papel desempeñado por Miguel Albisu Iriarte en ETA, y más concretamente en su comité ejecutivo, en relación con las órdenes para asesinar al teniente alcalde de San Sebastián, don Gregorio Ordoñez Fenollar, el 23 de enero de 1995, en la capital guipuzcoana recopilada fundamentalmente en la documentación ocupada en poder de miembros de ETA con ocasión de la detención en España de los integrantes de comandos de acción o por efectuar labores de colaboración con la banda terrorista”.

El juez concluye que no es irracional, “ante la extraordinaria gravedad del delito que se le imputa al encausado y las elevadas penas que pudieran imponerse en sentencia en caso de condena, que el mismo quiera optar por eludir la acción de la justicia y ponerse fuera del alcance de este órgano instructor o del de enjuiciamiento” por lo que el magistrado adopta las medidas cautelares mencionadas.

El magistrado advierte que el incumplimiento de estas medidas, así como la incomparecencia del investigado a cualquier llamamiento judicial sin causa justificada podría suponer la revocación de su situación de libertad y la adopción de la medida de prisión provisional.

Esta investigación se ha reabierto tras la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia, que quiere que los centenares de atentados que están pendientes de esclarecer se resuelvan. En este caso, se trata de asignar una responsabilidad penal a aquellos dirigentes de la banda que ordenaban los atentados y decidían sobre las víctimas.