La APM, a través de un comunicado, opinó que esta decisión es “contraria a la modernización de la Justicia y perjudicial para la tutela judicial de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Según esta asociación, “la Constitución Española atribuye al CGPJ la convocatoria de acceso a la carrera judicial, conforme a sistema que garantice el mérito y la capacidad, acceso que se ha venido haciendo efectivo a través de sucesivas convocatorias de oposiciones a lo largo de los años, aún en contextos de crisis económica”.

Por este motivo, la APM entiende que la medida anunciada por Gallardón “supone un grave perjuicio para el cuerpo de opositores, juristas que ven frustradas sus legítimas aspiraciones de servir a la Justicia tras años de duro estudio y asumiendo un importante coste personal, familiar y económico”.

En opinión de estos jueces, “la Justicia como poder del Estado implica un servicio esencial que no puede ser paralizado en perjuicio de los ciudadanos”.