El portavoz del Gobierno autonómico, Ignacio González, señaló que gracias a esta cantidad la Comunidad de Madrid atenderá a las cerca de 4.000 personas que actualmente tiene tuteladas y a las que pudieran incorporarse a lo largo del presente ejercicio.

El montante aprobado asciende a un total de 1,9 millones de euros y supone una primera fase de la autorización del presupuesto total de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.

González dijo que Madrid fue una de las primeras comunidades autónomas en poner en marcha una Agencia de Tutela para la atención de personas mayores de 18 años incapacitadas judicialmente y aseguró que con las mejoras introducidas en los últimos años la AMTA se ha posicionado como un modelo a seguir por parte de otros territorios y organismos públicos.

En sus 22 años de existencia, la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos ha asumido casi 9.000 tutelas. En la última década el número de expedientes tramitados ha experimentado un incremento del 12%, un aumento especialmente significativo en los últimos años, pasando de las 3.184 tutelados que había en 2009 a los 3.925 de 2011.

En lo que llevamos de 2012, la Comunidad de Madrid ha asumido la protección de 74 personas, ya sea a través del tutelaje o la defensa judicial, entre otras posibilidades.

La Agencia Madrileña de Tutela de Adultos es un ente público encargado de la tutela o curatela de personas mayores de edad y residentes en la región que han sido incapacitadas judicialmente para la administración de sus bienes y para la toma de decisiones.

Entre las competencias de este ente se encuentran la defensa judicial de aquellas personas sobre las que se haya iniciado un proceso de incapacitación; la administración de sus bienes, actuando siempre en beneficio del tutelado, y el fomento de aquellas acciones encaminadas a la integración social de estas personas, facilitando recursos sociales y atención personal al incapacitado.

De las personas adultas tuteladas por la Comunidad de Madrid, el 56% son mujeres y la mayoría tienen entre 50 y 69 años (casi un 30%).

Entre las situaciones que obligan a su incapacitación legal se encuentran el diagnóstico de deficiencias mentales (35%) y padecimiento de procesos de demencia (32%) o de esquizofrenia (17%).