En un encuentro digital en "elmundo.es", Sevilla advirtió de que "lo más preocupante" de la situación española es la sensación de que "no hay respuesta institucional".

Para el ex ministro socialista, el problema es que el sistema político español "está encerrado en demasía en sus propios problemas internos y de corrupción" y no es capaz de ver las necesidades de la economía.

En este sentido, Sevilla reclamó reformas estructurales e institucionales que logren un amplio consenso político y social, y advirtió de que el país corre el riesgo de "dar pasos atras importantes si nos obstinamos en no hacerlas".

Por esta razón, aseguró que "entramos en la crisis como la octava potencia económica del mundo y saldremos mucho más atras", por lo que pidió a la clase política que tome medidas. "Hay que reaccionar", subrayó.

Sin embargo, añadió que, aunque "afortunadamente" no habrá elecciones anticipadas, él votaría al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que "el proyecto en el que yo creo no tiene nombres propios concretos".

Entre las reformas estructurales que se deben hacer, Sevilla apostó por un cambio en los impuestos "en sentido constitucional", es decir, que "de verdad" pague más el que más tiene.

También abogó por reformar el mercado de trabajo ya que considera que sólo se recuperará una senda sólida de creación de empleo "si hacemos bien las cosas en términos de reformas", ya que "las cosas solas no se arreglan".

Para Sevilla, las modificaciones del mercado de trabjo deben atender a las politicas de conciliación, incrementar el uso del contrato a tiempo parcial, rebajar las cotizaciones sociales en dos puntos, extender el actual contrato indefinido de 1997 (con una menor indemnización por despido) y reforzar la causalidad y la lucha contra el fraude en los contratos temporales.

Además, añadió que es necesario seguir con el impulso del gasto público por lo que recomendó al Ejecutivo que no se "obsesione tanto" por el déficit en 2010.

En cuanto a la reducción del gasto, Sevilla consideró que el problema no es tanto del número de empleados públicos como de la eficiencia de las administraciones.

En su opinión, "hay que someter la acción pública a la evaluación de eficacia, coordinar mejor las estructuras para evitar duplicidades y tener más claro cuales son las tareas y responsabilidades de cada una de las instancias".

"Además, en este momento", continuó, "yo sería partidario de suspender temporalmente las competencias urbanisticas de los ayuntamientos y someterlas a revisión desde comisiones especiales".