Fernández Díaz participó en la reunión del Grupo Popular con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y después detalló en los pasillos del Congreso la propuesta en la que trabaja su Ministerio junto al de Justicia.

El objetivo es tipificar como delito penado con al menos dos años de cárcel la concertación por cualquier medio de actos que puedan desembocar en altercados.

No precisó si se podría aplicar esa pena a quienes, por ejemplo, convoquen manifestaciones sin intención alguna de violencia pero en las que después puedan sucederse algún tipo de alteración del orden al que sus convocantes fueran ajenos.

Sólo insistió en el objetivo prioritario de responder penalmente a las "personas que se concierten previamente" a través de cualquier medio para actuar de forma coordinada "provocando alteraciones del orden público y utilizando técnicas de guerrilla urbana" provocando daños a personas o a bienes públicos o privados.

Esa conducta será tipificada como delito en el Código Penal con pena de dos años de cárcel para que los fiscales "puedan pedir prisión provisional", explicó.

El ministro cree además que es necesario "robustecer" la protección de quienes tienen legítimamente "la exclusividad de la actuación con fuerza", que son los agentes del orden.

No se puede, pasivamente, dijo el ministro, incurrir en "desprecio, injurias o desobediencias" a las indicaciones de quienes tienen la misión constitucional de garantizar la seguridad pública y el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.