La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, subrayó ante los medios de comunicación que la competencia para convocar las oposiciones es “compartida entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ”. Explicó en este sentido que “corresponde a la Comisión Nacional de Selección”, de la que forman parte el departamento de Gallardón, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, “abordar y tomar la decisión”.

Bravo anunció que los vocales del CGPJ estudiarán la decisión del Ministerio de Justicia en el pleno que celebrarán el próximo 19 de abril. La reunión servirá para que el máximo órgano de gobierno de los jueces debata “la postura a adoptar” así como “las propuestas que se van a trasladar al Ministerio de Justicia en una materia tan sensible como esta”.

CONSCIENTES DE LA CRISIS

La portavoz dijo que el CGPJ es “consciente de la situación que está viviendo el país” y está abierto “a adoptar todas las medidas de seguridad que nos permitan reducir gastos”, pero destacó que el Ministerio de Justicia ha sido uno de los “menos afectados” por los recortes y aseguró que “en ningún momento podemos dejar de atender servicios que consideramos básicos”.

Bravo también salió al paso de la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para que las comunidades autónomas devuelvan al gobierno central las competencias en Educación, Sanidad y Justicia. Dijo en este sentido que “no se trata de cuestionar si las comunidades autónomas deben o no devolver competencias”.

“Estamos en un momento en que tenemos que actuar todas las instituciones bajo un mismo lema, el de la colaboración institucional y el de trabajar al máximo para poder afrontar desde este contexto de crisis económica las necesidades de la justicia española”, dijo.