Fuentes socialistas se afanaban por explicar los motivos por los que, previsiblemente, este jueves votarán en contra de esa ley, y responder a las acusaciones del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Insisten en que no pueden votar en contra de lo que ellos mismos firmaron el 26 de agosto del año pasado, en el acuerdo político por el que se modificó la Constitución y que encargaba a una ley orgánica posterior la concreción de esos principios.

Recuerdan que después de la conversación telefónica del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, equipos de los dos partidos acordaron un texto que fue firmado por los portavoces, José Antonio Alonso por parte del PSOE y Soraya Sáenz de Santamaría por parte del PP.

Explican que en aquel momento el PP quería reformular por entero el artículo 135 de la Constitución para consolidar cifras concretas, pero cedió a la pretensión del PSOE de incluir sólo principios generales que se concretaran después en una ley orgánica. Por ello firmaron un acuerdo político escrito que sentaba las bases de esa futura ley.

El acuerdo hablaba de un 0,4% del PIB como límite de déficit estructural global máximo de las administraciones a partir de 2020, con el 0,26% para el Estado y el 0,14% para las comunidades autónomas.

El texto precisaba que se entendería por saldo estructural “aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales”.

Por tanto, creen que no hay duda ninguna en que ese acuerdo fijaba un máximo del 0,4% del PIB como déficit estructural a lo largo del ciclo, dejando así margen para hacer políticas procíclicas o anticíclicas en función de la situación económica.

Sin embargo, creen que el PP aprovecha su mayoría absoluta para introducir en la ley lo que era su objetivo inicial desde el principio de aquella negociación, el déficit cero como límite del ejercicio, sin margen para utilizar la política fiscal como instrumento al servicio de la política económica.

Ese es el motivo por el que el PSOE considera que la ley vulnera lo pactado y que el Gobierno le ha “excluido” del acuerdo, y alerta de que la clave para que sea un mensaje de confianza dentro y fuera de España no es tanto que se apruebe rápido, sino que cuente con el respaldo de los dos partidos con opciones de gobernar.

Quienes negociaron el acuerdo por parte del PSOE consideran “insólito” el comportamiento del Gobierno, al vulnerar no ya un compromiso electoral o un acuerdo verbal, sino un pacto escrito y firmado hace menos de un año, y hablar de lealtades desde la tribuna del Congreso.