Rajoy deslizó esas reflexiones en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en su respuesta a la portavoz de UPN, Amelia Salanueva, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le planteara un adelgazamiento de las autonomías con devolución de competencias al Estado y disolución de parlamentos autonómicos.

En su intervención, Salanueva alertó de que el Estado autonómico no es responsable de la actual situación económica y alabó la gestión del gobierno navarro, el que más redujo el déficit en 2010, esfuerzo que invitó a hacer a todas las demás comunidades “para que no paguemos justos por pecadores”.

Rajoy coincidió con ella en el respaldo al sistema plasmado en la Constitución que la “inmensa mayoría” de los españoles aprobaron en 1978 y añadió que ese es un asunto “que por mi parte ni se discute ni siquiera se plantea un debate en relación con el mismo”.

El presidente aprovechó, además, la reflexión de Salanueva para reiterar que la reducción del déficit es una prioridad capital en la que se deben implicar “todos los españoles”.

El déficit de 2011 implica que España gastó ese año 90.000 millones más de los que ingresó, y el esfuerzo por invertir esa tendencia compete a todas las administraciones, también a las forales, “porque España se juega buena parte de su futuro y desde luego el crecimiento económico y la creación de empleo en los próximos años”.

Salanueva le pidió que el Gobierno tome las medidas necesarias para que los ayuntamientos navarros también puedan acogerse al plan de pago a proveedores.

La garantía de devolución de los créditos habilitados por el ICO es la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, pero eso no se puede aplicar a Navarra porque es incompatible con su régimen foral.

Rajoy le explicó que ya ha recibido la petición en ese sentido del gobierno de Navarra, que se está estudiando. La cuestión es compleja, precisó, “pero espero dentro de no muchas fechas poder darle buenas noticias”.