Según informó el comité, la Unión Europea debate en estos momentos el futuro de los reglamentos reguladores de los fondos estructurales que han de estar vigentes en el período 2014-2020. La Comisión Europea ha propuesto un proyecto de reglamento en el que se mantienen los objetivos sociales en materias como la lucha contra la discriminación en el empleo, que favorecen a las personas con discapacidad, pero determinados países miembro se oponen a esta continuidad, por lo que está en duda esta dimensión social.

Por esta razón, el Cermi reclama al Gobierno español que "defienda activamente la propuesta inicial de la Comisión a fin de neutralizar las posiciones contrarias que no pasan por el mantenimiento de la inclusión social como finalidad prioritaria de los fondos estructurales".

"Los fondos estructurales, en su configuración social, han servido estos años para promover la formación, la empleabilidad y la inserción social y laboral de grupos sociales excluidos, por lo que la nueva regulación ha de mantener estos objetivos", indica la entidad en una nota.