Según adelantó la Cadena SER, la información ha sido remitida ya y está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo que tiene abiertas tres líneas de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos I. Recientemente, el ministerio público solicitó una prórroga de las diligencias, hasta junio de 2022, para esperar la repuesta de las autoridades suizas.

La Fiscalía enviará ahora esos datos a Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) para que sea analizada y comprobar así si el anterior jefe del Estado cometió alguna irregularidad que pueda ser objeto de reproche penal y si la regularización fiscal que hizo fue correcta.

Una vez realizado ese análisis, la ONIF remitirá informe a la Fiscalía del Supremo que se apoyará en su contenido para decidir si presenta una querella o archiva la causa. Este proceso puede prolongarse varias semanas. En principio, el ministerio público se inclina por el archivo por tratarse de hechos ya prescritos o amparados por la inmunidad del jefe del Estado.

La llegada de esta información se produce tan sólo 24 horas después del fallecimiento del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, que llevaba directamente las diligencias de investigación relativas al monarca.

En concreto, el ministerio público investiga el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del exjefe de Estado en la isla de Jersey.